VILLA MERCEDES
Imputaron a ocho turistas por cazar dos ciervos; a uno lo mandaron a la cárcel por 60 días
Se trata de un grupo de personas, oriundas de Córdoba, que fueron sorprendidas en campos de Buena Esperanza. Tenían en poder las cabezas de los animales en una camioneta y armas de fuego.
Se desarrolló en el Juzgado de Garantía N°4 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Santiago Ortiz, la audiencia por la causa que tiene a ocho personas imputadas por caza furtiva.
La Fiscalía ratificó los hechos, mencionó la nueva evidencia incorporada y solicitó la reformulación de la calificación legal.
Formuló cargos para 8 personas (entre ellas a un joven de 17 años) por el delito previsto en la Ley 22.421 (art.25) de caza furtiva por la participación de tres o más personas.
Asimismo, a siete de los acusados les agregó el agravante por la participación de un menor, y a dos de ellos también le formuló la tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.
La Ley Nº 22.421 de conservación de la fauna es un ordenamiento legal que tiende a resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna silvestre.
En el Art. 25 expresa que “será reprimido con prisión de dos meses a dos años y con inhabilitación especial de hasta cinco, el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación(…)”.
Además, indica que “la pena será de cuatro meses a tres años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años cuando el hecho se cometiere de modo organizado o con el concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación”
Participaron el fiscal José Olguín, y los adjuntos Andrea Court y Marcelo Palacio.
En representación de los imputados intervinieron los abogados Flavio Ávila, Diego Velázquez, Gustavo Muñoz y Bautista Rivadera. También la defensora adjunta de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Beatriz Pringles Medeot, y la secretaria Nadia Segura.
Olguín solicitó para dos personas la prisión preventiva por el término de cuatro meses, y argumentó su pedido en que una de ellas cuenta con antecedentes por un delito relacionado (abigeato, causa furtiva, tenencia de arma) ocurrido en febrero del corriente. Mencionó la reiteración del delito, el entorpecimiento, el peligro procesal, entre otros.
En relación a la otra persona, expresó que de acuerdo a lo que surge de las declaraciones este habría participado de otros hechos relacionados a esta causa.
Con respecto a los demás, solicitó la firma del libro en fiscalía por el término de cuatro meses y la prohibición de realizar actividades de caza furtiva y deportiva en la provincia.
Ortiz resolvió reformular los cargos por caza furtiva agravadas por la participación de un menor para los imputados mayores, para dos de ellos y también por tenencia de arma de fuego civil sin la debida autorización.
En relación a las medidas, hizo lugar a que seis de los imputados firmaran el libro en fiscalía del 1 al 10 de cada mes.
Por otra parte, ordenó la prisión preventiva para uno de los imputados por 60 días, en este caso mencionó el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación y las circunstancias del otro hecho que da cuenta de un desprecio por los bienes ajenos.
En relación al pedido de encarcelamiento preventivo de la otra persona, no hizo lugar atento a no tener conocimiento de hechos concretos, sin perjuicio de que el imputado queda sujeto a proceso.
Uno de los representantes de la defensa, planteó recusación del fiscal, apelaciones y revisiones que serán tratadas oportunamente por los órganos correspondientes.
El hecho
Los imputados fueron sorprendidos el pasado 24 de marzo en un campo de Buena Esperanza cuando efectivos policiales de la Unidad Regional Nº IV de la Policía de la Provincia se encontraban realizando tareas de prevención sobre la ruta provincial Nº 43, atento a las denuncias registradas en la zona.
Este grupo de personas estaba acampando en el lugar. Manifestaron que se encontraban cazando y que sólo uno de ellos tenía autorización para cazar.
Los efectivos policiales encontraron armas de fuego y también dos cabezas de ciervo en una camioneta.
Olguín indicó que las siete personas (que estaban acompañadas por un joven de 17 años) no tenían autorización para estar en el lugar, no acreditaron ser legítimos usuarios de las armas y mataron dos animales, considerados no silvestres. Precisó que los ciervos colorados son animales criados en cotos de caza, no autóctonos de la región.